¿A quiénes beneficia el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada?

 El proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” es -en realidad- una norma para promover la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos ya que modifica aspectos centrales del régimen de expropiaciones, desalojos, tierras rurales, extranjerización de la tierra y manejo del fuego, que repercuten directamente sobre toda la sociedad.

Según un informe del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), el proyecto -impulsado por el Gobierno de Javier Milei- “simplifica la adquisición de tierras rurales sin tener en cuenta que, en muchos casos, son comunidades indígenas o familias campesinas quienes habitan esas tierras, lo que aumenta los riesgos de que sean desalojadas de sus territorios. Estas modificaciones, además, van a elevar el valor del arrendamiento de tierras para la agricultura familiar, responsable del 64% de las explotaciones agropecuarias y de abastecer el 60% de los alimentos que llegan a los hogares”.

La iniciativa “no sólo facilita que quienes más tienen sigan adquiriendo tierras, sino que modifica en su favor las reglas del juego en los casos de litigios judiciales. Permite desalojos rápidos de inmuebles urbanos y rurales. Permite, además, iniciar acciones de desalojo a personas o instituciones aunque no sean afectados directos, e incorpora la posibilidad de restitución inmediata del inmueble para ocupantes considerados “precarios” o “intrusos”. También autoriza medidas procesales rápidas, como allanamientos, uso de la fuerza pública, habilitación de días y horas inhábiles y apertura de cerraduras”, aclaró el organismo especializado en temas legales.

RECURSOS NATURALES

En este marco, el CELS recordó que Argentina tiene recursos muy importantes: litio, cobre, agua dulce, hidrocarburos, alimentos y biodiversidad. En esos territorios viven personas y comunidades. Las decisiones sobre esos recursos, además, impactan mucho más allá de las zonas donde están, afectan al país en su conjunto. “Por eso, hablar de comprar tierras no es una discusión inmobiliaria sino de distribución de la riqueza, de la calidad de vida de todos y de quién puede decidir sobre esos recursos que afectan nuestro futuro”, indicaron.

La Ley de Tierras Rurales vigente no prohíbe la inversión extranjera. De hecho, 15,8 millones de hectáreas están en esas manos. Hoy, sin embargo, 49 departamentos y partidos ya superan el límite del 15% de tierras extranjerizadas previsto por la ley. La Ley de Tierras Rurales pone límites, no prohíbe, porque la tierra es un recurso estratégico del país.

El proyecto que tratará el Senado el 6 de agosto próximo elimina varias restricciones, como el porcentaje máximo de tierras que puede concentrarse en una misma nacionalidad y la cantidad de hectáreas que un mismo titular extranjero puede comprar en la zona núcleo. La gravedad de la cuestión se suma a que el 78% de los lagos quedaría sin protección específica ante la compra de tierras ribereñas, al igual que el 65% de los ríos.

INCENDIOS PROVOCADOS

Desde el CELS alertaron que “el proyecto también modifica partes sustanciales de la Ley de Manejo del Fuego, lo que incentiva la táctica de quemar bosques para luego adquirir esas tierras a menor precio. Elimina la prohibición del cambio de uso del suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. También elimina la prohibición por 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios y actividades agropecuarias luego de incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos”. 

Una de las alertas de esta iniciativa ya tuvo como antecedente el remate de un pueblo cuyano con 300 habitantes. Parece increíble, pero ocurrió en 2008, a raíz del cual el Gobierno de este momento sancionó la ley actual y le puso un límite de venta de tierras a los extranjeros.

Un pueblo entero, su comunidad, escuelas y una de las reservas de agua dulce más importantes de la provincia. Todo estaba incluido en la venta de las 200 mil hectáreas ubicadas en Valle Hermoso, La Rioja, que en 2008 compró el rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn mediante una subasta publicada en el Banco Nación.

Debido a la repercusión nacional que generó ese caso, el kirchnerismo impulsó una norma que finalmente le puso un límite del 15% de la superficie nacional y provincial a la venta de tierras a extranjeros, y que el gobierno libertario quiere derogar con la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.