Caso Ángel López: nuevamente la investigación de un fiscal, bajo la lupa por conclusiones apresuradas e inexactas

 

A principios de abril de 2026, todo un país se conmocionó por la noticia de Ángel López, el niño de cuatro años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut.

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, dio a conocer el informe preliminar de la autopsia. El mismo reveló que el menor recibió al menos 20 golpes en la cabeza, lo que derivó en la detención de la madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano, y su actual pareja, Michel González.

Sumado al funcionario judicial, se sumó el juez Alejandro Soñis autorizó la apertura de la investigación y dictó solo dos días después de las detenciones la prisión preventiva por el plazo de 6 meses para la pareja.

“Voy a coincidir con el Ministerio Público Fiscal, a través de todas estas evidencias y elementos que trajeron a colación. Las entrevistas, donde queda de manifiesto un maltrato hacia el niño por parte de los imputados, sumados a un elemento científico que es la autopsia”, señaló el magistrado.

Rápidamente, miles de personas se apresuraron a juzgar y culpar a los acusados. Muchos pedían pena de muerte, otros incluso que los colgaran una plaza pública, hasta una vedette de una ignorancia supina (y supuesta estudiante de Derecho) salió a opinar públicamente.

Nadie se detuvo a pensar que el menor y su madre vivían en una casilla hecha de chapas herrumbradas, con agujeros por todos lados y una condición de extrema vulnerabilidad, donde es resulta muy fácil contraer algún virus o frío.

Es cierto que la mayoría de las opiniones provienen de personas sin conocimientos jurídicos. Lo grave radica que los errores que se cometieron primeramente por parte de funcionarios públicos, quienes – a raíz de la presión mediática -olvidaron la letra del Art. 18 de la Constitución Nacional, entre otras normas.

GIRO EN LA INVESTIGACION

Más de un mes después de la muerte de Ángel, se conoció la pericia forense final, la cual determinó que el deceso se produjo por infección respiratoria aguda, concretamente por “bronquiolitis y neumonía en los pulmones (bronquiolitis aguda, focos de bronconeumonía, edema y pequeñas hemorragias en el tejido pulmonar)”.

Entre muchos otros casos, en febrero de 2023 Omar Barrientos y Layla Melani Rivero fueron detenidos, acusados de haber violado y asesinado a su beba, Alison Barrientos Rivero, de tan solo 21 días de vida.

Las autoridades del Hospital Alberto Balestrini de La Matanza aseguraron que la beba había llegado al hospital ese día por la mañana con un paro cardíaco y que, tras quedar internada en terapia intensiva, falleció a las pocas horas. Los responsables del área de pediatría y de neonatología denunciaron que la beba presentaba lesiones compatibles con un abuso sexual.

La fiscal Silvana Breggia dispuso la detención de los padres de la menor, hasta que fueron liberados cinco días después, luego de que la autopsia determinara que la recién nacida sufrió una asfixia mientras era amamantada.

Sin embargo, el calvario de Rivero y Barrientos no terminó en el hecho de haber perdido a su hija recién nacida, sino que fueron llevados a la dependencia de San Alberto, donde los golpearon de manera salvaje.

El abogado de la pareja, Miguel Ángel Racanelli, realizó denuncias penales contra los efectivos de la Comisaría de Altos de Laferrere y de San Alberto, y contra la directora del hospital Alberto Balestrini de La Matanza por suministrar información errónea a la Justicia. Todo ello derivó en un escrutinio público y una acusación falsa de los padres de la menor.