Presentaron un amparo para que la reforma de la SIDE sea declarada inconstitucional
Diputados de la Coalición Cívica y del Socialismo presentaron -este
lunes- un amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a
cargo de la jueza Rita Alián, para que se declare inconstitucional el DNU
941/2025, firmado por Javier Milei, sin tratamiento legislativo.
Mediante ese decreto, el Gobierno nacional reformó la estructura de la Secretaría
de Inteligencia del Estado (SIDE) y le otorgó, entre otras facultades, la
posibilidad de detener personas. Asimismo, ese organismo queda como institución
principal del Sistema de Inteligencia Nacional.
El decreto les reconoce a los agentes de inteligencia la posibilidad de
aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia,
auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la
condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad
competentes”.
Ante esa situación, los legisladores Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y
Esteban Paulón le pidieron a la Justicia que el DNU sea declarado
inconstitucional y la nulidad absoluta e insanable, por resultar violatorio de
los Artículos 99 inciso 3 de la Constitución de la Nación Argentina y 29 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporados a la legislación
aplicable por disposición del Artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional.
Como primera medida, los diputados le solicitaron a la jueza que ordene
una cautelar que suspenda los efectos y vigencia del Decreto N° 941/2025 y de
toda normativa o acto dictado en su cumplimiento. “De aprobarse este DNU
estaremos ante un Estado que observará al ciudadano como a un sospechoso, cuando
así convenga al organismo o, así lo decidan las autoridades del momento. Estas
o las que vengan”, indicaron los legisladores.
“SIN URGENCIA”
Entre los argumentos para presentar el recurso, Frade, Ferraro y Paulón,
señalaron que “la disposición del Poder Ejecutivo que se cuestiona no cumple
con los presupuestos para el dictado de los DNU -artículo 99 inc.3 C.N.-, toda vez
que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna, y además
vulneró la limitación de incluir materias penales o procesales penales, -como
la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia-, que
fueron expresamente vedadas por la norma constitucional invocada”.
El decreto firmado por el Presidente de la Nación “constituye una
desviación de poder y un abuso de derecho público, violatorio del principio
republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de
ley y la doctrina nacional e internacional aplicable en la materia”,
enfatizaron los diputados.
El DNU lleva la firma de Javier Milei y de todo su gabinete. Se publicó
el último día hábil del 2025, un día después de finalizadas las sesiones
extraordinarias, cuando el Congreso ya estaba en receso. Tras el reclamo de la
oposición, el tema recién se trataría en febrero próximo.
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