Condenaron a un exfiscal por asociación ilícita, estafa y hurto a una vecina de Cañuelas
El juez Ramiro Fernández Lorenzo, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, homologó el acuerdo entre la fiscalía y
la defensa de Rodolfo César Robatto a la pena de cuatro años y diez meses de
prisión, tras declararse culpable de los delitos de asociación ilícita, estafa
y hurto campestre, ocurrido en octubre de 2009.
Robatto era el titular la Fiscalía de Instrucción en la localidad bonaerense
de Cañuelas y de San Miguel del Monte y, mediante ese cargo, podía manejar las
investigaciones prácticamente sin ser controlado. Una de las causas se inició
en 2009, luego de que -en octubre de ese año-, el fiscal y otros seis hombres, conformaron
una organización criminal y falsificaron un boleto de compra-venta.
El plan original consistía en “comprar” un lote a la víctima, para luego reclamarlo mediante una falsa denuncia y boletos apócrifos. La dueña del predio aparecía vendiendo su tierra a un hombre llamado Ángel Labría, pero esa operación nunca se concretó. Después, este supuesto comprador le transfirió los derechos sobre el inmueble a un hombre llamado Claudio Daniel Báez.
Concretamente, la banda puso el documento posesorio a nombre de Báez -también imputado actualmente en la causa-, cuando en realidad la
propietaria del campo ubicado en Villa Dorna, a orillas del Río Salado, era Mirta
Carmen García. Para perpetrar el plan, los siete sujetos no solo falsificaron el
boleto sino también otro documento y le hicieron, además, una falsa denuncia a
la verdadera dueña del predio.
Luego integrantes de la banda sustituyeron las cadenas y candados que se
encontraban colocados en resguardo del perímetro del lote en cuestión. Para completar
el plan criminal, el entonces fiscal Robatto reconoció el campo como propiedad
de Báez, y también -en diciembre de 2009- lo autorizó a retirar parte de la
avena cosechada y que había sido sembrada por la dueña del lote.
DENUNCIA ARCHIVADA
Ante esa situación, en octubre de aquel año, Mirtha García realizó una
denuncia penal, pero Robatto archivó ese caso. Para llevar a cabo el plan, el ahora
exfiscal y Báez contaron con la colaboración de un abogado y de empleados del
campo usurpado.
Dentro del campo no solo había avena sembrada por García y sus
empleados, sino también vacas y caballos. Semanas después de realizar la
denuncia, la mujer fue a ratificar sus dichos. Recién casi cinco años después
-en abril de 2014- fue llamada a declarar nuevamente. A pesar de que la víctima
tenía el boleto de compra-venta original y que los propietarios del campo
vecino la reconocieron como verdadera dueña del lugar -ya que el lote fue heredado
de su abuelo- el entonces fiscal consideró que no había delito de usurpación.
A fines de 2013, asumió Lisandro Damonte como nuevo agente fiscal y pidió
revisar el caso nuevamente. El 7 de julio de 2014 se ordenó el desalojo del
campo usurpado. “La planificación y
preparación tosca de la ejecución, sumado a las irregularidades observadas en
el desempeño de la función de fiscal que realizó Robatto a lo largo de la
investigación, permiten inferir y afirmar másallá de toda duda razonable su
pertenencia a ese colectivo, léase al grupode intervinientes formado para
ejecutar esa planificación delictiva que empezó definida de una forma y que,
luego, se extendió hacia otra”, sostuvo el juez en el fallo.
En octubre de 2013, llamativamente Robatto presentó su renuncia. Sin
embargo, esa decisión quedó en evidencia en 2019, cuando fue detenido. Años
antes, durante el juicio por el crimen de los hermanos Massa, una mujer reveló
que el exfiscal les pagó a ella y a su marido para que culpasen a un hombre
exconvicto como el asesino.



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